REVISTA CIENTÍFICA
rcientica@uisrael.edu.ec
• e-ISSN: 2631 - 2786
169
REVISTA CIENTÍFICA UISRAEL
QUITO-ECUADOR
2025
Período Enero - Abril 2025
Vol. 12, No. 1
Los conictos sociales y la mediación en el sector público del
Ecuador: un enfoque multidisciplinar
Social conicts and mediation in Ecuador’s public sector: a
multidisciplinary approach
Fecha de recepción: 2024-05-03 • Fecha de aceptación: 2024-09-21 • Fecha de publicación: 2025-01-10
Jeanette Jordán Buenaño
1
Universidad Técnica de Ambato, Ecuador
je.jordan@uta.edu.ec
https://orcid.org/0000-0002-0490-7975
Santiago Vayas Castro
2
Universidad Técnica de Ambato, Ecuador
gs.vayas@uta.edu.ec
https://orcid.org/0000-0003-0504-0864
Álvaro Jiménez Sánchez
3
Universidad de Valladolid, España
alvarojs@uva.es
https://orcid.org/0000-0002-4249-8949
Abstract
Durante las últimas cuatro décadas, Ecuador ha experimentado una serie de conictos sociales,
económicos y políticos que han afectado signicativamente el bienestar de su población, debido a
decisiones gubernamentales, desastres naturales y problemas estructurales como el desempleo,
la pobreza y la delincuencia transnacional. Esta investigación analizó los conictos sociales en el
ámbito público y la participación de la mediación en los poderes del Estado. El enfoque aplicado fue
https://doi.org/10.35290/rcui.v12n1.2025.1284
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el descriptivo y cualitativo para identicar tendencias y conictos emergentes, así como el estudio
prospectivo para entender la historia de los conictos y la evolución de la mediación. Finalmente, se
analizaron estadísticas de mediación en el sector público para evaluar su efectividad y alcance. Los
resultados evidenciaron la necesidad de implementar la mediación como una política estatal para
abordar los conictos de manera efectiva y promover la cohesión social. Aunque la mediación se ha
utilizado en el ámbito judicial, su aplicación en otros poderes del Estado y en la sociedad en general
es limitada. Sin embargo, se observa un aumento en el uso de la mediación en el sector público, lo
que sugiere un reconocimiento creciente de su ecacia en la resolución de conictos como cultura
de paz y la convivencia pacíca.
Keywords: Mediación, conicto, políticas, cultura de paz, cohesión social, sector público
Resumen
Over the last four decades, Ecuador has experienced a series of social, economic, and political
conicts that have signicantly affected the well-being of its population due to governmental
decisions, natural disasters, and structural problems such as unemployment, poverty, and
transnational crime. This research analyzes social conicts in the public sector and the involvement
of mediation in the branches of government. The approach applied was descriptive and qualitative
to identify trends and emerging conicts, as well as prospective research to understand the history
of conicts and the evolution of mediation. Finally, statistics on mediation in the public sector
were analyzed to assess its effectiveness and scope. The results highlight the need to implement
mediation as a state policy to effectively address conicts and promote social cohesion. Although
mediation has been used in the judicial sphere, its application in other branches of government and in
society, in general, is limited. However, there is an increase in the use of mediation in the public sector,
suggesting a growing recognition of its effectiveness in conict resolution, promoting a culture of
peace and peaceful coexistence..
Palabras clave: Mediation, conict, policies, culture of peace, social cohesion, public sector
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LOS CONFLICTOS SOCIALES Y LA MEDIACIÓN EN EL SECTOR PÚBLICO DEL ECUADOR: UN ENFOQUE
MULTIDISCIPLINAR
Introducción
Las decisiones económicas, políticas y sociales tomadas por los gobiernos en las últimas décadas
han tenido un impacto signicativo en el bienestar de sus habitantes. Los conictos sociales
recurrentes en Ecuador se han caracterizado por conictos armados, pugna de poderes, retraso
para la aprobación de políticas migratorias, de terrorismo transnacional y narcotráco (Unda,
2020), así como la inuencia de agentes externos como los desastres naturales. En este contexto,
la crisis y los desafíos sociales ponen de maniesto la necesidad de implementar la mediación en
las instituciones públicas como parte de una política estatal de vital importancia y permanencia
como aporte de la cohesión social que mejoraría el entorno actual.
Los programas existentes que promueven la mediación no han sido del todo sucientes para
abordar de manera integral los conictos entre el gobierno y la ciudadanía, ya que la mediación
está limitada únicamente al poder judicial y sus organismos, lo que deja de lado al poder ejecutivo,
legislativo, electoral, transparencia y control social. Por otra parte, los desafíos de aplacar el
desempleo, la pobreza y la delincuencia actúan como catalizadores de la discordia y el malestar
social.
En este contexto, incorporar la mediación como una herramienta para fortalecer la cohesión
social es importante para promover la justicia de paz. La mediación se presenta como un enfoque
colaborativo para llegar a acuerdos mutuamente beneciosos, enfatizando la importancia del
diálogo y la búsqueda de intereses comunes (Bush y Folger, 1994). Ambos autores recalcaron que
este método puede transformar los conictos al centrarse en las necesidades y preocupaciones
subyacentes de las partes involucradas, en lugar de simplemente imponer soluciones externas.
1.1. Los conictos sociales y la gobernanza en el marco político y legal.
Los conictos sociales varían en naturaleza y gravedad sin implicar necesariamente hostilidad o
violencia en todas las situaciones. Estos conictos son diversos en términos de causas, duración,
resolución, resultados y efectos (Kriesberg,1973) y su percepción puede variar según diferentes
puntos de vista, siendo considerados necesarios, admirables, lamentables o injustos.
Los conictos buscan modicar decisiones públicas o promover nuevas políticas, en muchos
casos, inuir en regulaciones gubernamentales, procesos administrativos o normativas que afectan
a toda la población, por lo tanto, las decisiones públicas pueden causar conictos (Huamani y
Macassi, 2022). Sin embargo, las políticas públicas pueden ofrecer soluciones signicativas y
duraderas a los problemas que subyacen a estos conictos (Roth, 2019) así como establecer
el orden social al ofrecer una solución especíca al problema mediante acuerdos y consensos
ecaces y ecientes para las partes.
Es razonable que cada gobierno tenga una visión y percepción distinta de gobernanza, que se
reeja en las políticas y normas emitidas; no obstante, la satisfacción de la sociedad puede
percibirse como una expresión invasiva y poco participativa, lo que desmotiva y deslegitima a la
sociedad civil.
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La gobernanza en el marco político y legal ecuatoriano se desarrollará desde el retorno a la
democracia en 1980, donde la inación, la crisis y la política económica se centraron en el décit
scal agravado por el conicto bélico de 1981 con el presidente Hurtado y continuó con Febres
Cordero en 1985. Producto de estos acontecimientos se implementaron políticas de ajuste
estructural para estabilizar la economía del país, aunque estas medidas macroeconómicas fueron
consideradas como tardías y poco consistentes. En 1984 debido a la turbulenta crisis económica,
política y social se produjo la primera emigración internacional, en su mayoría de la provincia del
Azuay, siendo el mayor ujo hasta nales de los noventa. En ese entonces, no se contaba con
normativas, ni políticas migratorias que respaldaran a los ecuatorianos en el exterior (Herrera,
2022).
En 1992 el presidente Rodrigo Borja enfrentó uno de los desafíos históricos del levantamiento
indígena, que no fueron reprimidos, y abrieron los primeros canales de diálogo y negociación por
medio de la iglesia católica. El consenso se plasmó con la entrega de títulos de propiedad sobre
tierras indígenas y proporcionó a las organizaciones reunidas en la CONAIE la infraestructura
adecuada para facilitar sus encuentros (Ortiz, 2015).
Desde 1992 hasta 1996, Sixto Durán-Ballén gobernaría en medio del escándalo “ores y miel”
donde se otorgó préstamo por parte de la Corporación Nacional Financiera a familiares del
presidente sin vericación de estados crediticios. En los siguientes siete años, el Ecuador pasó
por cinco presidentes diferentes, Abdala Bucaram, Fabián Alarcón, Rosalía Arteaga, Jamil Mahuad
y Lucio Gutiérrez. Esta inestabilidad se debía a las medidas opresivas, casos de corrupción
que fomentaron el surgimiento y fortalecimiento de movimientos que reclamaron sus derechos
(Sánchez, 1996).
En 1998 con el fenómeno del Niño y el terremoto en Bahía de Caráquez, se complicó aún más la
situación económica y social del país. Para mitigar los daños se crearon políticas de salud de
carácter preventivo (Ministerio de Salud Pública y Organización Panamericana de la Salud, 2000).
Esta grave situación colocó a Ecuador como el quinto país más pobre de América Latina, donde
más de la mitad de la población andina estaba sumida en la pobreza extrema (Hung-Hui, 2008).
La salida del gobierno de Jamil Mahuad el 21 de enero del 2000 por golpe de estado se produjo
debido ante las intensas manifestaciones populares en rechazo a las medidas económicas
implementadas como la dolarización y el congelamiento de cuentas bancarias que privó a muchos
ciudadanos de acceder a sus ahorros, causando incertidumbre y desconanza en el sistema
nanciero.
Ante esta situación, se produjo una segunda ola migratoria internacional masiva, resultado de la
peor crisis histórica del país a partir de 1999. Con la creciente emigración, se establecieron las
primeras políticas migratorias hacia los ecuatorianos en el exterior, con énfasis en los derechos de
los migrantes y las políticas de vínculo (Herrera, 2022). Las remesas enviadas por los ecuatorianos
fue la segunda fuente de ingresos en divisas para el país. Con la dolarización vigente desde el 9
de enero del 2000 las remesas ascendieron a $1.316,7, superando incluso al petróleo en ingresos
para el país y convirtiéndose así en uno de los rubros más importantes, por encima del banano,
camarón, café y cacao (Banco Central del Ecuador, 1999-2000).
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Con la dolarización el Ecuador adoptó un régimen distinto en la transformación económica del
sistema monetario, como los cambios en la política tributaria y nanciera del país. Estas reformas
legales e institucionales consolidaron el proceso de dolarización con la Ley para la Transformación
Económica del Ecuador emitida el 13 de marzo del año 2000 (Banco Central del Ecuador, 2001).
Tras esta crisis, las administraciones siguientes se enfocaron en elevar el estándar de las políticas
gubernamentales relacionadas con la política scal y las reformas estructurales.
Desde el año 2007 hasta 2017 el gobierno de Rafael Correa pasó por varias disputas políticas que
se polarizaron con el pasar de los años, con críticas que se convirtieron en ataques y una brecha
entre defensores y detractores del correísmo, lo que generó divisiones entre los movimientos
sociales. Así mismo, el discurso sobre la justicia social se reforzaba en las sabatinas semanales.
Las protestas sociales se caracterizaban por la estrategia de confrontación en las calles,
organizando plantones, vigilias y contramarchas en respuesta a las manifestaciones de los
sectores opuestos.
Entre las medidas impuestas está el de la herencia y donaciones a título gratuito, el mismo que
estaba compuesto por siete escalas para el pago de impuestos, con la emisión del Decreto No.16
de regulación para la creación del sistema unicado de información de organizaciones sociales y
ciudadanas para supervisar su formación y operación, y la eliminación del aporte del 40% para las
pensiones jubilares del IESS, que fueron los detonantes de las protestas de los sectores afectados.
En el año 2016, el terremoto de magnitud 7,8 golpeó la costa norte de Ecuador, dejando a
cientos de personas afectadas. Ante esta situación se expidió la Ley Orgánica de Solidaridad y
Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción y Reactivación de las Zonas Afectadas
por el Terremoto, normativa que buscaba recaudar contribuciones solidarias únicas, divididas
en diferentes categorías, como remuneraciones, patrimonio, utilidades y bienes inmuebles. Sin
embargo, la ejecución de las políticas de reconstrucción y reactivación productiva fue cuestionada
debido a la lentitud y los cuestionamientos de corrupción latentes.
Durante el mandato de Lenin Moreno entre 2017 y 2021 se enfrentó a múltiples crisis políticas
y sociales, incluida la controvertida implementación del Decreto 883 en 2019, que permitía el
aumento de los precios de los combustibles. Esta medida desencadenó protestas y oposición por
parte de varios sectores sociales incluidos los indígenas, lo que llevó al gobierno a convocar al
diálogo. La mediación de representantes de la ONU facilitó la negociación, resultando en acuerdos
que incluían la derogación del decreto 883 y la creación de una comisión para elaborar un nuevo
decreto que reejara mejor las necesidades de la población (Diario el Comercio, 2019).
A nales del año 2019 la crisis económica agravada por la pandemia de la COVID-19, genero un
complicado escenario que terminó en el colapso del sistema de salud y los despidos masivos,
empeorando nuevamente la situación del país. Por otro lado, en el 2020, se comenzó a notar el
incremento en la tasa de homicidios y el fortalecimiento del crimen organizado en áreas rurales,
los impactos de la pandemia acrecentaron la crisis del país. “La pobreza a nivel nacional se ubicó
en un 32,2% y la pobreza extrema en el 14,7%” (Instituto Nacional de Estadísticas y Censo - INEC,
2021).
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El constante incremento de tasa de homicidios a partir del 2020 se sitúo en 608, mientras que,
en el 2021, se producen 1039; en el 2022 se sitúa en 2128 y en el año 2023 con un récord de
homicidios de 8004 (Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, 2023). Este incremento
progresivo sugirió la necesidad de implementar medidas ecaces para abordar la violencia y
mejorar la seguridad pública, una lucha que hasta la fecha resulta complejo.
En el año 2021, el presidente Guillermo Lasso, mantuvo una gobernanza en medio de constantes
paralizaciones; por el incremento del precio de los combustibles, que no se alcanzaron acuerdos
con los bloques políticos ni se obtuvo un respaldo mayoritario en la Asamblea Nacional; y porque
la inestabilidad del cargo y las constantes manifestaciones provocaron un juicio político por un
presunto delito contra la administración pública que resultó fallido.
Para el año 2022, las movilizaciones de los grupos indígenas a nivel nacional paralizaron a todo el
país por 17 días. Estas manifestantes ocasionaron perdidas y daños por USD 281,6 millones en el
sector público y USD 833,8 millones en el sector privado (Villareal, 2022). La posibilidad de entablar
el diálogo entre el gobierno y la población indígena se vio forzado a optar por la mediación. Se
llegaron a algunos acuerdos, sin embargo, no fueron sucientes para superar la crisis política
existente.
Debido a la inestabilidad política, el 17 de mayo del 2023 el presidente Lasso decidió de expedir
por primera vez el decreto de la “muerte cruzada” por la grave crisis política, lo que implicó el cese
de sus funciones y la disolución de la Asamblea Nacional y el llamado a elecciones anticipadas, de
conformidad a lo que dispone el Art. 148 de Constitución de la República del Ecuador 2008. En el
mismo año, el país enfrentó una corta campaña electoral y se produjo un altercado en la sociedad:
el asesinato del excandidato Fernando Villavicencio en el mes de agosto y que, al parecer, las
investigaciones involucraron a altos funcionarios implicados con la narcopolítica.
Las elecciones del 20 de agosto del 2023 llevaron a una segunda vuelta. Daniel Noboa y Luisa
González se enfrentaron el 15 de octubre, siendo el ganador presidencial Daniel Noboa, quien
terminaría el periodo restante que le faltó a Guillermo Lasso. Hasta el momento, el presidente
ha avanzado con la aplicación de políticas de seguridad establecidas con el “Plan Fénix”. El
comportamiento de las variables económicas y los escándalos de corrupción serán clave para
su gobierno y, sumado a ello, habrá que enfrentar los resultados de los casos metástasis, purga y
plaga entre otros que con el pasar de los días se van evidenciando.
En el año 2024, el gobierno de Daniel Noboa asumió el compromiso de abordar de manera integral
la problemática de la seguridad en Ecuador, reconociendo la importancia de este tema para el
bienestar y la tranquilidad de la población, por lo que se establecen diversas políticas y acciones
destinadas a fortalecer el sistema de seguridad nacional.
Una de las medidas más destacadas fue la decisión de eliminar la tabla de consumo de drogas,
una política que busca abordar de manera más efectiva el problema del consumo y microtráco.
Para efectivizar estas medidas, el gobierno declaró el estado de excepción en el sistema carcelario
del país y con el respaldo de las fuerzas armadas se intervinieron todos los centros de privación
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de la libertad para mejorar las condiciones de las cárceles y reducir la incidencia de actividades
delictivas dentro de estos centros de reclusión.
En cuanto a la lucha contra el narcotráco, se intensicaron las operaciones de incautación
de drogas, batiendo récord histórico. Paralelamente, se llevó a cabo una consulta popular y un
referéndum con once preguntas, de las cuales nueve fueron aprobadas por la población. Estas
preguntas estuvieron orientadas a mejorar la seguridad del país y a combatir el narcotráco y la
delincuencia, reejando el compromiso de la sociedad ecuatoriana con el fortalecimiento de las
instituciones y la promoción de la seguridad ciudadana.
Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos por mejorar la seguridad interna, Ecuador se ve envuelto
actualmente en un conicto diplomático de gran magnitud con México, conicto que surge a raíz
de la irrupción del Ecuador en la embajada mexicana, lo que desencadenó tensiones entre ambos
países y planteó desafíos adicionales en el ámbito de las relaciones internacionales.
1.2. La mediación en el poder judicial
Toda interacción social trae consigo tensiones que pueden desencadenar en conictos como
oportunidades para el conceso y la paz (Jordán Buenaño y Mayorga, 2019). En este contexto, la
mediación emerge como una solución versátil y adecuada para abordar conictos en todos los
ámbitos, facilita la reconciliación, la restauración de relaciones y la creación de acuerdos duraderos
(Jordán-Buenaño et al., 2021).
El desarrollo histórico de la mediación en Ecuador se remonta al reconocimiento inicial de métodos
alternativos de resolución de conictos en la Constitución de 1929, que mencionaron por primera
vez los tribunales arbitrales y de conciliación. Este reconocimiento se mantuvo a lo largo de varias
constituciones posteriores, incluyendo las de 1945, 1946, 1967, 1978 y 1979, estableciendo así
una base legal signicativa. La mediación fue formalmente reconocida en la Constitución Política
de 1998, lo que se rearmó con la Constitución de la República de 2008. Este último documento
se establece la responsabilidad del Estado de promover una cultura de paz a través de métodos
alternativos de resolución de conictos.
Con la promulgación de la Ley de Arbitraje y Mediación en 1997 y, posteriormente en 2006, se
consolidó el reconocimiento en los estamentos del Estado, sin embargo, la falta de difusión sobre
su aplicación limitó su uso efectivo en el sistema de justicia. Con el tiempo, la mediación ha
ganado terreno en el ámbito público, especialmente en el poder judicial a partir de 2014, que se
insertó como apoyo a la justicia con el impulso del Consejo de la Judicatura a partir del 2013 con
programa nacional de mediación, justicia y cultura de paz. Esta iniciativa incluyó capacitaciones
para jueces, formación de mediadores y campañas de promoción en todas las unidades judiciales
sobre la mediación como alternativa pacíca para resolver conictos (Jordán Buenaño y Mayorga,
2019).
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1.3. La mediación en los demás poderes del Estado ecuatoriano.
La mediación como herramienta de solución de conictos en el poder judicial se ha venido
consolidando de forma paulatina (Vayas et al., 2022) desde su vinculación con la Función Judicial
desde el año 2013; sin embargo, en los poderes legislativos, ejecutivos, electoral y transparencia y
control social, el análisis de la vinculación resultó irrisoria y renuente.
En el poder ejecutivo, la responsabilidad primordial reside en la gestión efectiva del Estado; no
obstante, el análisis exhaustivo revela una ausencia signicativa de participación en la gestión
de conictos y la implementación de políticas inclusivas con la sociedad civil desde la década
de 1980. Aunque se registró un breve período de diálogo y mediación en 1992, 2019 y 2022, se
lograron acuerdos que de alguna manera calmaron y frenaron las manifestaciones.
En cuanto al poder legislativo, representado por la Asamblea Nacional, ha experimentado una
serie de cambios políticos que han desencadenado varias crisis entre las distintas bancadas,
las cuales están alineadas con los intereses de los partidos políticos. Estos conictos suelen
ser ampliamente cubiertos por los medios de comunicación, donde las disputas partidistas y
las luchas por el poder han obstaculizado los procesos legislativos, los cuales podrían haber
contribuido a mejorar la situación del país frente a los desafíos sociales que ha enfrentado
Ecuador. En la actualidad, la corrupción y la crisis de conanza en la Asamblea son múltiples
y variadas, siendo la falta de ética en el interior del poder legislativo uno de los problemas
principales (Chávez, 2006).
No se puede armar que la mediación haya participado en la solución de disputas entre las
bancadas o en los enfrentamientos de intereses entre los distintos poderes del Estado. Sin
embargo, sí ha facilitado la negociación de acuerdos en benecio de ciertos grupos políticos. Es
importante destacar que la mediación podría integrarse a este poder como una herramienta valiosa
para fortalecer su funcionamiento fomentando la colaboración, la construcción de consensos y la
resolución de conictos tanto internos como externos, lo que contribuiría a una toma de decisiones
más eciente, equitativa y participativa.
Finalmente, la mediación en los poderes electorales y de participación ciudadana puede
desempeñar un papel crucial en la resolución de conictos y la promoción de un proceso electoral
justo y transparente. En el ámbito electoral, la mediación puede intervenir en disputas relacionadas
con la organización de elecciones, la interpretación de normativas electorales y la resolución de
conictos entre diferentes actores políticos. Esto incluye la gestión de controversias sobre la
inscripción de candidatos, la distribución de recursos durante la campaña electoral y la resolución
de reclamaciones sobre irregularidades durante este proceso electoral.
La mediación puede ser fundamental en la promoción de la participación ciudadana en el
proceso electoral. Puede facilitar el diálogo entre los organismos electorales y la sociedad civil,
promoviendo la inclusión de diversas voces y perspectivas en el diseño y la implementación de
políticas electorales. La mediación también puede ayudar a resolver conictos entre grupos de
ciudadanos, asegurando que todas las voces sean escuchadas y que los intereses de la comunidad
sean tenidos en cuenta en el proceso electoral.
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LOS CONFLICTOS SOCIALES Y LA MEDIACIÓN EN EL SECTOR PÚBLICO DEL ECUADOR: UN ENFOQUE
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Por todo ello, el objetivo principal de este trabajo fue analizar la implementación y evolución de la
mediación como una herramienta clave para la resolución de conictos en el Ecuador. Se buscó
evaluar la efectividad de la mediación en el fortalecimiento de la cohesión social, su impacto en
la reducción de la carga procesal del sistema judicial y su relevancia en la creación de acuerdos
y consensos entre las partes involucradas. Además, se pretendió estudiar el rol de la mediación
de los diferentes poderes del Estado mediante el análisis de sus limitaciones y potencial en los
ámbitos ejecutivo, legislativo, electoral, y de transparencia y control social, con el n de proponer
mejoras que contribuyan a un entorno más justo y pacíco.
Metodología
Para cumplir con los objetivos planteados se aplicó una metodología basada en la revisión
sistemática con enfoque tanto cuantitativo como cualitativo.
En primer lugar, se recopiló información estadística sobre los casos de mediación en el sector
público en Ecuador desde el 2014 hasta el 2023. Estas estadísticas fueron extraídas de fuentes
ociales, como el Centro Nacional de Mediación de la Función Judicial y otros informes de
rendición de cuentas de instituciones como la Defensoría Pública y la Procuraduría General del
Estado. A través de un análisis comparativo, se evaluó la evolución de los casos atendidos, las
audiencias instaladas y los acuerdos logrados.
Además, se revisaron los datos sobre la creación y expansión de centros de mediación en el
país. Paralelamente, se realizó una revisión documental de estudios previos sobre la mediación
en el contexto ecuatoriano, así como un análisis de las políticas públicas relacionadas con la
mediación. Este enfoque metodológico permitió un entendimiento integral de la situación actual de
la mediación en Ecuador.
Resultados
A continuación, se ofrecen las estadísticas relacionadas con la mediación en el sector público del
país andino (Tabla 1).
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Tabla 1
Estadísticas de Mediación en el Sector Público en Ecuador.
Año Solicitud
Directa
Derivación Remisión de
Tránsito
Casos
Atendidos
Audiencias
Instaladas
Acuerdos
Logrados
2014 25,449 10,108 No hay datos 35,557 No hay datos 13,801
2015 24,395 18,253 884 43,432 No hay datos 28,836
2016 46,427 19,725 3,124 69,276 No hay datos 34,781
2017 43,575 10,308 3,190 57,155 34,316 30,863
2018 39,771 9,840 2,724 52,335 31,577 28,475
2019 42,676 2,602 9,276 54,554 34,308 31,301
2020 19,677 4,779 880 25,336 14,607 13,461
2021 33,203 8,144 1,333 42,680 No hay datos No hay datos
2022 40, 920 9,205 1,093 51,218 No hay datos No hay datos
2023 44,044 8,853 871 53,768 No hay datos No hay datos
Nota: Centro Nacional de Mediación de la Función Judicial (2024).
Como se puede observar, las solicitudes directas representaron el número de casos que se
acercaron directamente al servicio de mediación sin ser referidos desde otra instancia. La
derivación indicó el número de casos que fueron referidos desde otras instituciones o por el mismo
sistema de función judicial; la remisión de tránsito muestra el número de casos remitidos desde el
sistema de tránsito; los casos atendidos son los que acudieron a mediación; nalmente están los
datos de las audiencias que fueron instaladas y los acuerdos logrados en mediación.
Se visualizó un aumento gradual en el número de casos atendidos a lo largo de los años,
alcanzando su punto máximo en 2019, lo que podría indicar que la mediación es un método ecaz
para resolver conictos en el sector público. Se evidenció también un incremento en las solicitudes
directas y derivaciones, lo que podría indicar una mayor conciencia en la utilización del servicio de
mediación. Los acuerdos logrados parecieron uctuar a lo largo de los años, con picos y valles en
diferentes periodos.
Con respecto a la reducción de la carga procesal en el Sistema Judicial, es notable que la
mediación ha ayudado a reducir la cantidad de casos que llegan a los juzgados. Si se suman los
acuerdos logrados desde el 2014 hasta el 2023. El sistema de justicia se ha ahorrado 181,518
casos, los que pueden demostrar un alivio en la carga procesal del sistema de justicia.
Mediante una mejor difusión de la mediación se podría ampliar más el servicio y, por ende, la
cultura de paz, pues los conictos están relacionados con la prestación de servicios públicos,
contribuyendo a mejorar la calidad y ecacia de estos. La resolución rápida y efectiva de disputas
puede garantizar un mejor acceso y prestación de servicios a la población.
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LOS CONFLICTOS SOCIALES Y LA MEDIACIÓN EN EL SECTOR PÚBLICO DEL ECUADOR: UN ENFOQUE
MULTIDISCIPLINAR
Finalmente es importante notar en dicha tabla la existencia de años donde no se proporcionaron
datos, especialmente las audiencias instaladas y los acuerdos logrados, lo que diculta una
evaluación completa de la efectividad del servicio en esos años. En relación con la creación de
centros de mediación, hay crecimiento constante en los últimos años. Según los datos recopilados
por el Consejo de la Judicatura, entidad encargada de la aprobación de estos centros, en abril de
2019 se establecieron 84 centros de mediación (Jordán Buenaño y Mayorga, 2019). Para el corte
de fecha a 22 de noviembre de 2023, esta cifra aumentó a 104 centros de mediación y, en una
revisión más reciente, con fecha de corte a 19 de febrero de 2024, se constata un total de 191
centros creados (Consejo de la Judicatura, 11 de abril de 2024). Esta tendencia sugirió un interés
creciente en la mediación como método de resolución de conictos tanto por parte de entidades
públicas como privadas.
Por otro lado, la Defensoría Pública que es el órgano autónomo de la Función Judicial que
garantiza el pleno e igual acceso a la justicia de las personas en indefensión, posee su centro de
mediación donde se han llevado a cabo procesos como apoyo a la función judicial. En la Tabla 2 se
revisaron los resultados a partir del año 2016.
Tabla 2
Casos Gestionados Centro de Mediación en la Defensoría Pública – Ecuador.
Año Casos Gestionados
2016 2436
2017 1407
2018 3071
2019 4990
2020 2492
2021 2871
2022 2942
Fuente: Rendición de Cuentas de la Defensoría Pública. Años 2016-2022 (Defensoría Pública del Ecuador, 2023)
Este análisis mostró la cantidad de causas gestionadas en un período de siete años, desde 2016
hasta 2022. Se observó que hubo un aumento progresivo en la cantidad de causas gestionadas
hasta 2019. Sin embargo, en los años siguientes, se observó una disminución en la cantidad de
casos gestionados, con una leve caída en 2020, seguida de una disminución más signicativa en
2021 y 2022. Esta disminución podría atribuirse a circunstancias externas como la pandemia de
COVID-19.
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Tabla 3
Casos Gestionados Centro de Mediación en la Procuraduría General del Estado.
Año Casos Gestionados
2016 1012
2017 2060
2018 2472
2019 2962
2020 2570
2021 2403
2022 1033
Fuente: Rendición de Cuentas de la Procuraduría General del Estado correspondiente a los años 2016-2022
(Procuraduría General del Estado, 2023)
De igual manera, el Centro de Mediación de la Procuraduría General del Estado brinda los servicios
a la colectividad. El número de causas gestionadas a través de la mediación muestra una
tendencia uctuante entre 2016 y 2022. Hubo un crecimiento constante hasta 2019, seguido de
una disminución y estabilización en los años siguientes.
Conclusiones
Ecuador ha enfrentado desafíos persistentes en cuanto a la polarización política y la falta de
empatía y gestión del conicto por parte de los líderes políticos. Es evidente que existe una brecha
signicativa entre las aspiraciones de la población y las acciones tomadas por los gobiernos, lo
que ha subrayado la necesidad de una mayor empatía, comunicación y enfoque en las necesidades
y demandas de la sociedad, a la vez que evidencia un impacto signicativo en el bienestar de la
población ecuatoriana.
La mediación se ha destacado como un método muy efectivo para resolver conictos en Ecuador,
demostrando su capacidad para reducir los gastos del Estado en el sistema judicial tradicional y
proporcionar una alternativa más rápida y menos costosa para los usuarios inmersos en disputas
legales. Los acuerdos alcanzados a través de la mediación han generado un ahorro signicativo de
recursos y tiempo, siendo un aporte positivo para promover una cultura de paz y colaboración en la
sociedad, por lo que es necesario y urgente implementar la mediación en las instituciones públicas
como parte de una política estatal para fortalecer la cohesión social y promover la justicia de paz.
La aplicación de la mediación en el poder judicial es un avance en la integración como apoyo a
la justicia. Los programas de mediación con el tiempo han impulsado una creciente cantidad de
centros de mediación públicos como privados, reejando resultados positivos a largo plazo en su
desarrollo. No obstante, aún queda trabajo por hacer para asegurar una difusión efectiva y un uso
más generalizado de esta herramienta en el sistema judicial.
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LOS CONFLICTOS SOCIALES Y LA MEDIACIÓN EN EL SECTOR PÚBLICO DEL ECUADOR: UN ENFOQUE
MULTIDISCIPLINAR
En relación con los poderes ejecutivo, legislativo, electoral y de transparencia y control social
se puede identicar una falta de integración de la mediación. Aunque esta ha sido utilizada en
momentos especícos para resolver conictos políticos, su incorporación permanente en estos
ámbitos podría contribuir a una toma de decisiones más equitativa y participativa entre los
involucrados.
Finalmente, los datos estadísticos proporcionados de mediación presentados por el Consejo de
la Judicatura, Defensoría Pública y Procuraduría General del Estado han mostrado un aumento
gradual en el número de casos atendidos a través de la mediación en el sector público, lo que
sugiere su ecacia como método de resolución de conictos. Por último, se destacó la importancia
de una mayor transparencia en la presentación de datos para una evaluación más completa de la
efectividad de la mediación en futuros estudios similares.
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