https://doi.org/10.35290/rcui.v8n3.2021.478
Ensayo
El principio de imparcialidad como fundamento de la
actuación del juez y su relación con el debido proceso
Fecha de recepción: 2021-06-25 Fecha de aceptación: 2021-08-19 Fecha de publicación: 2021-10-09
Carlos Eduardo Durán Chávez
1
Universidad Metropolitana del Ecuador (UMET)
cduran@umet.edu.ec
https://orcid.org/0000-0002-9857-2220
Carlos Daniel Henríquez Jiménez
2
Universidad Privada “Dr. Rafael Belloso Chacín” (URBE), Venezuela
cdhenriquez@urbe.edu.ve
https://orcid.org/0000-0002-8668-7768
Resumen
Este ensayo aborda el análisis del principio de imparcialidad y su relación con el debido proceso,
como fundamento de la actuación del juez, recogido en diversos instrumentos jurídicos
nacionales e internacionales: la Constitución de la República de Ecuador, el Código Orgánico
de la Función Judicial, el Código Orgánico Integral Penal, la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, la Convención Europea para la Protección de Derechos Humanos y de las
Libertades Fundamentales, y la Convención AmericanasobreDerechos Humanos. Deigual forma,
se presentan criterios de la Corte Nacional de Justicia y de la Corte Constitucional, relacionados
con el principio indicado. Se concluye que el principio de imparcialidad constituye una verdadera
protección respecto de la garantía del derecho a la defensa, sin el cual no se obtendría una decisión
justa, apegada al derecho, debido a que su vulneración se traduciría en la violación plena del
debido proceso, y más específicamente, del derecho a la defensa.
Palabras Clave: principio de imparcialidad, principio de igualdad, actuación del juez, debido
proceso.
Abstract
1
This essay addresses the analysis of the principle of impartiality and its relationship with due
process, as the basis of the Judge’s actions, collected in various national and international legal
instruments: the Constitution of the Republic of Ecuador, the Organic Code of the Judicial
Function, the Comprehensive Organic Criminal Code, the Universal Declaration of Human
Rights, the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental
Freedoms, the American Convention on Human Rights. Similarly, criteria of the National Court
of Justice and of the Constitutional Court related to the indicated principle are presented. It is
concluded that the principle of impartiality constitutes a true protection with respect to the
guarantee of the right to defense, without which a just decision, in accordance with the law,
would not be obtained, because its violation would translate into a full violation of due process
and more specifically the right to defense.
Keywords: principle of impartiality, principle of equality, action of the Judge, due process.
Introducción
La Constitución de la República del Ecuador (2008) consagra un conjunto de obligaciones propias del
Estado, entre otras, la de administrar justicia, que se constituye en obligación constitucional en los
términos previstos en la carta magna, y a su vez, esta obligación del Estado se relaciona con el derecho
constitucional que tienen los ciudadanos a la tutela judicial efectiva de sus derechos, de conformidad
con lo previsto en la norma fundamental.
Esta función de administrar justicia debe hacerse respetando los principios, derechos y garantías
contenidas en la constitución, tratados internacionales, y demás disposiciones del ordenamiento
jurídico. Para ello, se consagran un conjunto de preceptos procesales conocidos como principios
procesales, de obligatoria observancia por parte de los juzgadores, entre otros, el principio de
imparcialidad.
Este constituye un mandamiento para el juez, quien en su calidad de juzgador no debe tener interés en
la causa, ni preferencia por ninguna de las partes del proceso, con lo cual se procura rectitud en la
toma de sus decisiones, toda vez que no se debe a ninguna de las partes, sino a la justicia misma.
En este ensayo se presentan como referencias jurídicas, las disposiciones normativas relacionadas con
el tema abordado, en particular, lo establecido en la Constitución de la República del Ecuador (2008),
el Código Orgánico de la Función Judicial (2009), el Código Orgánico Integral Penal (2014), la
Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), la Convención Europea para la Protección de
Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (1950), la Convención Americana sobre
Derechos Humanos (1969), entre otros instrumentos jurídicos y algunos criterios proferidos en
sentencias emitidas por la Corte Nacional de Justicia y la Corte Constitucional durante los años 2015
al 2019.
En atención a la literatura revisada, se hace referencia a los autores Oyarte (2014), Vaca (2014), García
(2014), Burneo (2010), López (2004), Maier (2004), Bastidas (2004) y Arias (1999) respecto al
principio de imparcialidad. Por otra parte, Oyarte (2014) y Esparza (1995) se constituyen como bases
doctrinarias de gran relevancia, desde la comprensión de la relación entre el principio de imparcialidad
con el debido proceso.
2
1.1 Imparcialidad
Según el Diccionario de la Real Academia Española, la imparcialidad se define como “falta de
designio o de prevención a favor o en contra de alguien o algo, que permite juzgar o proceder
con rectitud” (RAE, 2018).
Por su parte, Ossorio (2012), refiere que “la imparcialidad constituye la principal virtud de los
jueces. La parcialidad del juzgador, si es conocida, puede dar motivo a su recusación”.
Como puede observarse, esta comprende el atributo que tiene una persona – en el ámbito del
derecho el juzgador – de evitar decantarse por una u otra persona por motivos ajenos a los
jurídicos, con el fin de tomar una decisión ajustada a derecho.
1.2 Principio
Respecto del término “principio”, este proviene del latín principium, varias son las acepciones
de la Real Academia Española, entre las cuales se relacionan con el tema las siguientes: “Base,
origen fundamental sobre la cual se procede discurriendo en cualquier materia / Norma o idea
fundamental que rige el pensamiento o la conducta” (RAE, 2018).
De otra parte, el autor Ossorio (2012) refiere que es el “comienzo de un ser, de la vida /
Fundamento de algo / Máxima, aforismo”.
En este sentido, se puede afirmar que principio constituye un fundamento esencial de algo, base
fundamental sobre alguna materia o tema, en el caso particular, se puede decir, que principio o
principios, constituyen el fundamento de las normas y de las disposiciones procesales contenidas
en el ordenamiento jurídico.
1.3 Principios procesales
Estos son premisas de obligatoria observancia, fundamentales en el ordenamiento jurídico
procesal.
El artículo 5 del Código Orgánico Integral Penal (2014), expresa lo siguiente: “el derecho al
debido proceso penal, sin perjuicio de otros establecidos en la Constitución de la República, los
instrumentos internacionales ratificados por el Estado u otras normas jurídicas, se regirán por los
siguientes principios (…)”, expresando un conjunto de principios, entre los cuales se encuentra
el principio de imparcialidad, previsto en el numeral 19 del referido artículo.
El autor Ávila (2015) refiere que el Código Orgánico Integral Penal tiene una parte
evidentemente garantista, que va desde algunos párrafos de la exposición de motivos, y desde el
Art. 1 hasta el Art. 43. En esta parte está la finalidad, que es normar el poder punitivo, tipificar
infracciones, regular el debido proceso, promover la rehabilitación y repararla integralmente.
De igual forma, atendiendo a los principios previstos en el Código Orgánico Integral Penal,
refiere que “(…) luego vienen los principios que invocan a la Constitución y a los instrumentos
internacionales de derechos humanos. Se establecen principios y derechos reconocidos por las
3
legislaciones penales contemporáneas, como la dignidad, la legalidad, el no ser juzgado dos
veces por el mismo delito, la presunción de inocencia, la imparcialidad, los derechos de las
víctimas y de las personas privadas de libertad (Ávila; 2015, p. 4)
Como podemos observar, existen un conjunto de principios procesales contenidos en el Código
Orgánico Integral Penal, que se corresponden con los cometidos constitucionales, los cuales se
encuentran desarrollados para su debida observancia en el proceso penal.
1.4 Principio de imparcialidad
La imparcialidad del juzgador es un elemento fundamental para afirmar que el procesado ha
tenido un juicio justo, esto constituye uno de los pilares para mantener un Estado de derecho.
López (2004) expresa que “la justicia concurre cuando de ella pueden predicarse sus atributos
esenciales, entre ellos, sin duda, se encuentra la imparcialidad de los jueces”.
En otro orden de ideas, Árias (1999) refiere lo siguiente: “para que exista imparcialidad del
juzgador se requiere en primer lugar de una acción formal que demuestre no ser parte del
proceso, y la segunda la de la actitud, es decir, dejar al margen las condiciones subjetivas que
puedan incidir al momento de actuar”.
La imparcialidad constituye un principio inherente a la función del juzgador, no se puede
entender que un juez lo sea, sin dicha característica.
Maier (2004) indica que el sustantivo imparcial refiere, directamente, por su origen etimológico
(in-partial) a aquel que no es parte en un asunto que debe decidir, esto es, que lo ataca sin interés
personal alguno. Por otra parte, el concepto refiere, semánticamente “a la ausencia de prejuicios
a favor o en contra de las personas, o de la materia acerca de las cuales debe decidir (…) Quien
integra un tribunal de justicia – solo o acompañado – no es otra cosa que una persona, que un
ciudadano, idéntico en sus atributos fundamentales a sus demás congéneres, juzgados por él,
todos convivientes en un mismo tiempo, como integrantes de una misma agrupación social y
política, y por lo tanto, bajo los mismos valores ético-culturales que presiden y gobiernan esa
asociación” (Maier; 2004, p. 54).
Conforme a lo anterior, el juez – en tanto y cuanto es persona – puede verse influido por
sentimiento, intereses, afectos, entre otros factores, que pueden afectar su imparcialidad, razón
por la cual este debe excusarse, con el fin de no afectar el fin último de su cometido, la justicia.
1.5 Principio de imparcialidad y debido proceso
Refiriéndose al debido proceso, fundamental para comprender este estudio, el autor Corral
(2006) sostiene que “es un conjunto de derechos propios de las personas y anteriores al Estado,
de carácter sustantivo y procesal, reconocidos por la Constitución, que busca precautelar la
libertad y procura que quienes sean sometidos a juicio, gocen de sus garantías para ejercer su
derecho de defensa y obtener de los órganos judiciales y administrativos un proceso justo, pronto
y transparente. Las garantías que articulan el debido proceso están contenidas en la Constitución
que, por principio de jerarquía normativa, prevalecen sobre toda norma secundaria, práctica
procesal y orden de autoridad”.
4
Por su parte, Bastidas (2004) afirma, refiriéndose al principio de imparcialidad, que “este
principio deriva de la esencia del proceso penal que se concibe como un acto en el cual junto a
dos partes parciales y contradictorias, tiene que existir un tercero neutral, por lo tanto, se
imposibilita la acumulación en un mismo funcionario de la parte investigativa y de juzgamiento
en el proceso penal, a su vez, tiene que ver con el derecho al recurso, ya que no puede actuar el
mismo juez en las dos instancias o en sede extraordinaria (p. 515).
Si algo distingue a los jueces de otra clase de funcionarios cuyas atribuciones podrán ser
indebidamente confundidas con las jurisdiccionales, es la imparcialidad.
Oyarte (2014) expresa que el ejercicio de la jurisdicción implica la activación de un mecanismo
de heterocomposición de litigios, esto es, la solución de la controversia se deja en manos de un
tercero imparcial, es decir, ajeno a la contienda. Si algo legitima al juez en una causa es,
precisamente, esa falta de interés en el proceso, a diferencia de las partes que se legitiman, por lo
contrario, sea porque reclaman el derecho que, dicen, les corresponde o porque pueden
contradecir esa pretensión.
1.6 Principio de imparcialidad y principio de igualdad
La igualdad se constituye como uno de los pilares fundamentales sobre los cuales reposa la
noción de los derechos humanos. En este sentido, la Declaración Universal de Derechos
Humanos (1948), en su artículo 1, señala que “todos los seres humanos nacen libres e iguales en
dignidad y derechos (…)” (ONU, 1948). En mismo instrumento internacional reza en el Art. 2
que “toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin
distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra
índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición”
(ONU, 1948).
La misma norma refiere que “(…) no se hará distinción alguna fundada en la condición política,
jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se
trata de un país independiente, como de un territorio bajo administración (ONU, 1948, art. 2)
De igual forma, este derecho se encuentra previsto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos (1966) y por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
(1966), entre otros instrumentos internacionales en materia de derechos humanos.
En la Constitución de la República del Ecuador, este derecho-principio se encuentra previsto en
el artículo 11. 2, en los siguientes términos:
“Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo,
identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación
política, pasado judicial, condición socio-económica, condición migratoria, orientación
sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra
distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado
menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos (…)”.
5
Ahora bien, desde el punto de vista procesal, este principio de igualdad es conocido como
igualdad procesal, en este sentido, se plantea a continuación la relación del principio de igualdad
procesal y el principio de imparcialidad.
El principio de imparcialidad es el corolario del principio de igualdad entre los justiciables, y tal
como lo refiere el autor precedente “no se pueden realizar distinciones arbitrarias dentro de un
proceso, razón por la cual el resultado del litigio solo puede derivar de la correcta aplicación del
Derecho y no de otros factores ajenos a la juridicidad, como es el favoritismo, que resultan
irregulares (Art. 9 COFJ)” (Oyarte; 2014, p. 734).
Respecto de la igualdad de las partes en el proceso, vale destacar la opinión de Esparza (1995),
quien sostiene que “esta procura garantizar que todas las partes dispongan de igualdad de medios
para la defensa de sus respectivas posiciones; lo que debemos entender en este lugar no es que
las partes son iguales, pues no lo son, sino que en virtud de la igualdad quedarán
automáticamente proscritas las posibilidades de existencia de privilegios para alguna de ellas (p.
30).
El juzgador en todos los procesos a su cargo tiene que orientarse por el imperativo de
administrar justicia de conformidad con la Constitución de la República, los instrumentos
internacionales de derechos humanos y del Código Orgánico Integral Penal (COIP), respetando
la igualdad ante la ley.
Opinión relevante la de Vaca (2014), quien defiende la idea de que “los jueces deben ser por
naturaleza imparciales. La imparcialidad es esencial y consustancial al juez. La palabra “juez” no
se comprende – al menos en el sentido moderno de la expresión – sin el calificativo de imparcial.
Dicho de otro modo, el adjetivo “imparcial” integra hoy, desde un punto de vista material, el
concepto de juez (p. 76).
Que el juez sea juez y nada más que juez, es lo que le legitima jurisdiccionalmente dentro de un
proceso. Tal como lo sostiene Oyarte (2014), cualquier interés que pueda variar su situación de
imparcialidad le obliga al juzgador a apartarse del proceso, razón por la cual nuestro
ordenamiento jurídico establece, objetivamente, causales de excusa y recusación, como son las
derivadas de vínculos familiares entre el juez y las partes, sus mandatarios y defensores, o las
nacidas de obligaciones civiles o de litigios, o de algún interés personal, o bien por haber
intervenido con anterioridad en la causa, ora por haber anticipado su criterio por escrito.
Quien conoce una causa penal sometida a su decisión tiene la obligación constitucional, legal y
moral de mantener la más absoluta imparcialidad, sin tomar partido con ninguna de las partes
contendientes, ni con la Fiscalía, ni con los procesados y sus defensores.
1.7 Principio de imparcialidad en la Constitución del Ecuador
El capítulo III del Título II de la Constitución del Ecuador, denominado “Derechos de
Protección” corresponde a lo referido a la tutela efectiva, al debido proceso y demás garantías de
orden judicial, contenidas en dicho capítulo.
6
La constitución destina ocho artículos, unos subdivididos en diversos numerales y literales que
contienen disposiciones generales sobre un conjunto de principios, derechos y garantías
procesales.
Así, el artículo 75 de la carta magna, expresa:
Art. 75.- Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva,
imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de
inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. El incumplimiento de
las resoluciones judiciales será sancionado por la ley (Asamblea Nacional Constituyente,
2008)
Respecto de esta norma, Burneo (2010) expone que importante norma es ésta, que procura que la
administración de justicia sea cabal, oportuna, imparcial y plena para todos los habitantes del
país. Además, incorpora los principios de inmediación y celeridad, pues si estos no se cumplen,
puede quedarse indefinida la acción por tan largo tiempo, que equivaldría a no aplicar la justicia,
sobre todo para quienes tienen menor peso o influencia. Podrá quedar el actor o el demandado, al
margen de los mecanismos de defensa, que es precisamente lo que la constitución trata de evitar.
Por otra parte, la constitución, en el artículo 76, refiere que en todo proceso en el que se
determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido
proceso que incluirá las siguientes garantías básicas, entre las cuales destacan:
“1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el cumplimiento de
las normas y los derechos de las partes. (…) 3. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado
por un acto u omisión que, al momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como
infracción penal, administrativa o de otra naturaleza; ni se le aplicará una sanción no
prevista por la Constitución o la ley. Sólo se podrá juzgar a una persona ante un juez o
autoridad competente y con observancia del trámite propio de cada procedimiento (…) 7.
El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: (…) c) Ser
escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones (…) k) Ser juzgado por
una jueza o juez independiente, imparcial y competente. Nadie será juzgado por
tribunales de excepción o por comisiones especiales creadas para el efecto” (Asamblea
Nacional Constituyente, 2008).
Destaca el literal K) del numeral, en el cual vale la pena resaltar que el derecho a la defensa está
íntimamente relacionado y en gran medida, se garantiza, cuando se está en presencia de juez
independiente, imparcial y competente. Lo que quiere decir, que, ante la afectación de la
imparcialidad del juez por cualquier motivo, se está vulnerando el derecho a la defensa de la
persona procesada.
De igual forma, vale hacer referencia a varios artículos de la constitución, relacionados con el
sistema de justicia, en especial a los artículos 167, 168, 169 y 172, relacionados con la función
judicial y los principios de administración de justicia, a saber:
Art. 167.- La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por los
órganos de la Función Judicial y por los demás órganos y funciones establecidos en la
Constitución (Asamblea Nacional Constituyente, 2008).
7
Art. 168.- La administración de justicia, en el cumplimiento de sus deberes y en el
ejercicio de sus atribuciones, aplicará los siguientes principios:
1. Los órganos de la Función Judicial gozarán de independencia interna y externa. Toda
violación a este principio conllevará responsabilidad administrativa, civil y penal de
acuerdo con la ley. (…)
4. El acceso a la administración de justicia será gratuito. La ley establecerá el régimen de
costas procesales.
Art. 169.-EI sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. Las normas
procesales consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, eficacia,
inmediación, celeridad y economía procesal, y harán efectivas las garantías del debido
proceso. No se sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades (Asamblea
Nacional Constituyente, 2008).
Art. 172.- Las juezas y jueces administrarán justicia con sujeción a la constitución, a los
instrumentos internacionales de derechos humanos y a la ley.
Las servidoras y servidores judiciales, que incluyen a juezas y jueces, y los otros
operadores de justicia, aplicarán el principio de la debida diligencia en los procesos de
administración de justicia.
Las juezas y jueces serán responsables por el perjuicio que se cause a las partes por
retardo, negligencia, denegación de justicia o quebrantamiento de la ley (Asamblea
Nacional, 2008).
A pesar de no ser lo mismo, independencia e imparcialidad de los jueces, resultan plenamente
compatibles a los principios y su exigencia, toda vez que en la medida de que no exista
injerencia interna o externa en la toma de decisiones de los juzgadores, en esta misma medida se
garantizará la imparcialidad.
1.8 Principio de imparcialidad en el Código Orgánico de la Función Judicial
La Función Judicial, llamada también Jurisdiccional, conforme lo expresa Burneo (2010), es la
organización y actividad del Estado que hacen posible la aplicación de la justicia en el ámbito de
toda la nación. La rectitud en la administración de justicia es la mejor garantía de la libertad, “es
el criterio superior y objetivo, que rige las relaciones interpersonales, asignando a cada uno lo
que es suyo” (p. 278).
La potestad de administrar justicia, también llamada jurisdicción, tal como lo refiere el Código
Orgánico de la Función Judicial, en su Art. 150: “consiste en la potestad pública de juzgar y
hacer ejecutar lo juzgado” (Asamblea Nacional, 2009).
En este sentido, la jurisdicción tiene elementos formales: las partes (actor y demandado) que
traban la litis y el juez decide. Por otra parte, el contenido de la jurisdicción por el que se
entiende la existencia de un conflicto con relevancia jurídica que “es necesario decidir mediante
resoluciones susceptibles de adquirir autoridad de cosa juzgada, entendiéndose por cosa juzgada
8
el elemento de la coercibilidad o ejecución de las sentencias de condena, siempre eventualmente
ejecutables” (Oyarte; 2014, p. 720).
Dicho de otra forma, “la función de la jurisdicción consiste en dirimir conflictos y decidir
controversias” (Couture; 2002, p. 29).
El principio de imparcialidad está recogido en el Art. 9 del Código Orgánico de la Función
Judicial, el empieza aludiendo el deber de los jueces de la función judicial de actuar respetando
la igualdad ante la ley, así como la necesidad de que toda resolución se base en la Constitución
de la República, los instrumentos internacionales de derechos humanos, los instrumentos
internacionales ratificados por el Estado, la ley y los elementos probatorios aportados por las
partes. Y para preservar el derecho a la defensa y a la réplica, no se permitirá la realización de
audiencias o reuniones privadas o fuera de las etapas procesales correspondientes, entre el juez y
las partes o sus defensores, a menos que se notifique a la otra parte, para que esta pueda estar
presente y escuchar los argumentos o razonamientos que se van a entregar al juzgador,
verbalmente o por escrito.
Así lo expresa el artículo 9 del Código Orgánico de la Función Judicial
Art. 9.- La actuación de las juezas y jueces de la Función Judicial será imparcial,
respetando la igualdad ante la ley. En todos los procesos a su cargo, las juezas y jueces
deberán resolver siempre las pretensiones y excepciones que hayan deducido los
litigantes, sobre la única base de la Constitución, los instrumentos internacionales de
derechos humanos, los instrumentos internacionales ratificados por el Estado, la ley y los
elementos probatorios aportados por las partes. Con la finalidad de preservar el derecho a
la defensa y a la réplica, no se permitirá la realización de audiencias o reuniones privadas
o fuera de las etapas procesales correspondientes, entre la jueza o el juez y las partes o
sus defensores, salvo que se notifique a la otra parte de conformidad con lo dispuesto en
el numeral 14 del artículo 103 de esta ley (Asamblea Nacional, 2009).
1.9 Principio de imparcialidad en Código Orgánico Integral Penal
Indicado lo anterior, en pertinente destacar que el Art.5 del COIP refiere un conjunto de
principios procesales y sostiene que “el derecho al debido proceso penal, sin perjuicio de otros
establecidos en la Constitución de la República, los instrumentos internacionales ratificados por
el Estado u otras normas jurídicas, se regirá por los siguientes principios (…)” en los cuales se
encuentra el principio de imparcialidad, previsto en el numeral 19 de la referida norma, que
consagra:
(…) 19. Imparcialidad: la o el juzgador, en todos los procesos a su cargo, se orientará por
el imperativo de administrar justicia de conformidad con la Constitución de la República,
los instrumentos internacionales de derechos humanos y este Código, respetando la
igualdad ante la Ley (Asamblea Nacional, 2014).
Resulta importante referir que el COIP otorga facultades restrictivas al juez, con el fin de evitar
exponer a daño psicológico a las niñas, niños o adolescentes que intervienen en el proceso, o
cuando se amenaza la imparcialidad o está en peligro la o el juzgador, víctimas, testigos, peritos
9
y otros participantes en el proceso; y cuando se trate de delitos vinculados con delincuencia
organizada, terrorismo y su financiamiento, trata de personas, tráfico de migrantes, producción o
tráfico ilícito a gran escala de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, tráfico de armas,
municiones y explosivos, lavado de activos, sicariato y secuestro, tal como lo refiere el Art. 567
del COIP.
Ahora bien, estas medidas, conforme al COIP son: Art. 566.- Medidas de restricción. - La o el
juzgador podrá ordenar a petición de parte, una o más de las siguientes medidas de restricción: 1.
Audiencias cerradas al público y a la prensa, en los casos previstos en este Código. 2.
Imposición a los sujetos procesales y a toda persona que acuda a la audiencia, del deber de
guardar reserva sobre lo que ven, oyen o perciben. 3. Reserva de identidad sobre datos
personales de los sujetos procesales, terceros o de otros participantes en el proceso (Asamblea
Nacional, 2014).
Tal como hemos abordado anteriormente, este principio procesal no solo se encuentra
establecido en el COIP, sino también en la constitución, y como será referenciado en lo sucesivo,
en algunos instrumentos internacionales.
1.10 Principio de imparcialidad en la normativa internacional
En el Derecho Internacional de los Derecho Humanos, la imparcialidad del juez ha sido vista
como un derecho fundamental.
Así lo expresa la Declaración Universal de los Derecho Humanos (1948) en su artículo 10:
“Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente
y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus
derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia
penal” (Organización de las Naciones Unidas, 1948).
La Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José (1969) artículo 8.1,
referido a las garantías judiciales, expresa que “toda persona tiene derecho a ser oída, con las
debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente,
independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de
cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y
obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”
Otra referencia internacional resulta de la Convención Europea para la Protección de Derechos
Humanos y de las Libertades Fundamentales (1950), en la cual se establece en su Art. 6.1,
referido al derecho a un proceso equitativo, lo siguiente:
Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa, públicamente y dentro de
un plazo razonable, por un Tribunal independiente e imparcial, establecido por ley, que
decidirá los litigios sobre sus derechos y obligaciones de carácter civil o sobre el
fundamento de cualquier acusación en materia penal dirigida contra ella. La sentencia
debe ser pronunciada públicamente, pero el acceso a la sala de audiencia puede ser
prohibido a la prensa y al público durante la totalidad o parte del proceso en interés de la
moralidad, del orden público o de la seguridad nacional en una sociedad democrática,
10
cuando los intereses de los menores o la protección de la vida privada de las partes en el
proceso así lo exijan 10 11 o en la medida en que sea considerado estrictamente necesario
por el tribunal, cuando en circunstancias especiales la publicidad pudiera ser perjudicial
para los intereses de la justicia (Consejo de Europa, 1950).
Es importante destacar la importancia de este principio, pues como se ha referido, está recogido
en diversos instrumentos internacionales.
De igual forma, tal como lo refiere García (2014), ocurre en varias constituciones de diversos
países, que sin indicar expresamente este principio se lo sobreentiende cuando se refieren a la
independencia judicial, en el caso de nuestro país, Ecuador tiene una triple condición, el de
principio, derecho y garantía, tal como se desprende de los artículos 75 y 76.7.k de la
Constitución.
1.11 Decisiones de la Corte Nacional de Justicia y de la Corte Constitucional relacionadas
con el principio de imparcialidad
En este segmento se presentan algunas decisiones proferidas por la Corte Nacional de Justicia y la
Corte Constitucional del Ecuador durante los años 2015 al 2019, en las cuales estos organismos
jurisdiccionales fijan criterios en relación con la finalidad de la imparcialidad del juez, la garantía de
ser juzgado por un juez imparcial, independiente y competente, entre otros aspectos.
El pleno de la Corte Nacional de Justicia, en sesión de fecha 28 de septiembre de 2016, en el
incidente de competencia negativa Nº 09-2016-Pleno, suscitado entre los jueces de la sala penal,
penal militar, penal policial y tránsito, dentro del juicio penal por tráfico de influencias seguido
contra Freddy Mauricio Macías Navarrete y otros, resolvió, en voto de mayoría, en lo medular lo
siguiente:
(...) La imparcialidad de los juzgadores es determinante en el proceso penal y consiste
principalmente en “(…) encomendar a un tercero desinteresado y ajeno a la contienda la
resolución de una controversia surgida entre dos intereses particulares(…)”, aspecto
trascendental de un juicio justo, en pro del respeto a los derechos fundamentales de los
justiciables, debiendo los jueces formar su criterio y decisión, sin ningún otro interés, más
que la aplicación correcta de la normativa jurídica vigente. Respecto a la imparcialidad, el
artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, determina como
garantía judicial para las partes, la imparcialidad del juez o tribunal que conozca la causa y
así dispone que: “toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro
de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial,
establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal
formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden
civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”. Por su parte, la Constitución de la
República en su artículo 76.7, k), garantiza la imparcialidad como parte del debido
proceso, estableciendo que constituye una garantía básica “(…) Ser juzgado por una jueza
o juez independiente, imparcial y competente. Nadie será juzgado por tribunales de
excepción o por comisiones especiales creadas para el efecto (…)”. En este contexto, la
Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado: “(…) la imparcialidad
exige que el juez que interviene en una contienda particular se aproxime a los hechos de la
11
causa careciendo, de manera subjetiva, de todo prejuicio y, asimismo, ofreciendo garantías
suficientes de índole objetiva que permitan desterrar toda duda que el justiciable o la
comunidad puedan albergar respecto de la ausencia de imparcialidad (…) el juez debe
aparecer como actuando, sin estar sujeto a influencia, aliciente, presión, amenaza o
intromisión, directa o indirecta, sino única y exclusivamente conforme a –y movido por– el
derecho. Es importante tomar en cuenta, que la naturaleza y finalidad de la excusa del
juzgador, es garantizar la imparcialidad de su actuación en cada caso puesto en su
conocimiento y resolución (…)” (destacado propio) (Corte Nacional de Justicia, 2016).
La imparcialidad del juzgador es garantía del cumplimiento del debido proceso, el cual se
constituye como un derecho, un principio y una garantía para un proceso justo, con respeto de
los derechos fundamentales de los justiciables, conforme a lo cual, el juez en su actuación se
debe estrictamente a las normas jurídicas, y no a cometidos personales.
En relación con lo anterior, la Corte Constitucional del Ecuador se ha pronunciado en diversas
sentencias, cuyos extractos fueron recopilados para este ensayo y se presentan en el siguiente
tenor:
a)Finalidad de la imparcialidad
“La finalidad de la imparcialidad es que la persona que juzga pueda tener el rol de ser un
garante de los derechos de las partes en conflicto y de ahí que las normas y las prácticas
procesales estén diseñadas de tal manera que le permitan al juzgador conservar ese rol
garantista” (Corte Constitucional, 2019).
b)Garantía de ser juzgado por un juez imparcial, independiente y competente
“Es importante resaltar que esta garantía, como parte del derecho a la defensa, detalla tres
elementos que deberá reunir el juzgador para estar legitimado al resolver la causa, estos
son: independencia, imparcialidad y competencia” (Corte Constitucional, 2018).
c)Garantía de ser juzgado por un juez imparcial, independiente y competente, y
reconocimiento del derecho a la igualdad de las partes en un proceso
(…) se advierte que la garantía de ser juzgado por una jueza o juez independiente,
imparcial y competente permite el desarrollo de un procedimiento que proporcione un
resultado justo, equitativo e imparcial, con la finalidad de procurar el respeto a los
derechos de toda persona que enfrenta un proceso, así como el reconocimiento del derecho
a la igualdad que tienen las partes, en virtud de lo cual el órgano jurisdiccional debe
utilizar la ley para su defensa, y para el correcto juzgamiento a fin de lograr la plena
satisfacción de los intereses individuales de las partes, en observancia al trámite propio
creado para cada procedimiento, según sus características, y el agotamiento de las etapas
previamente determinadas por el ordenamiento jurídico (Corte Constitucional, 2017).
(…) Con respecto a la imparcialidad, podemos decir que la misma hace referencia a la
obligación judicial de garantizar el derecho a la igualdad de las partes en todo proceso.
Desde esta óptica, podemos afirmar que la garantía constitucional que se aborda, se ve
reflejada en la honestidad y la honorabilidad del juez al tramitar una causa. La cual se
demuestra por medio de la concesión de las mismas oportunidades a las partes para
12
intervenir y defenderse en los distintos momentos del proceso. Esta actitud genera
seguridad jurídica, no solo entre las partes procesales, sino en la sociedad en general
(Bordalí Salamanca, Andrés, "El Derecho Fundamental a un Tribunal Independiente e
Imparcial en el Ordenamiento Jurídico Chileno") (Corte Constitucional, 2016).
d)La imparcialidad como expresión de la preeminencia de las razones jurídicas en las
decisiones judiciales.
“La imparcialidad implica que el juzgador es un tercero ajeno al caso a resolver y que no
tiene-interés subjetivo o preferencias por las partes y con el objeto del proceso. De ahí que
el juzgador no pueda realizar actividades propias de una parte ni tampoco tener influencias
por sesgos, prejuicios o ideas preconcebidas” (Corte Constitucional, 2019).
(…) la imparcialidad se pierde en el momento en que el juez actúa como una parte dentro
del proceso, cuando, por ejemplo, solicita de forma oficiosa pruebas sin justificación
alguna, beneficiando a una parte en desmedro de otra. En materia procesal penal, en juicios
contradictorios y adversariales, como regla general, se considera que la imparcialidad se
pierde cuando un juzgador ha conocido elementos de convicción antes de la etapa de
juzgamiento. Así, por ejemplo, al haber conocido hechos en una audiencia de flagrancia,
dictar medidas cautelares o evaluar los elementos probatorios para considerar si un caso
merece ir a etapa de juzgamiento, ese juzgador podría tener ya sesgos, prejuicios o ideas
preconcebidas (Corte Constitucional, 2019).
La imparcialidad está dada por la preeminencia de las razones jurídicas por sobre cualquier
otro tipo de motivación, lo cual es además un resguardo ante la posibilidad de actuaciones
judiciales abusivas o arbitrarias” (Corte Constitucional, 2015a).
La imparcialidad implica el deber de los operadores judiciales de carecer, de manera
subjetiva, de prejuicios personales, así como, en forma objetiva, deben ofrecer garantías
suficientes para que no haya duda legítima sobre su decisión en una causa (TEDH, Caso
Pabla KY vs. Finlandia). (Corte Constitucional, 2015b)
e)La imparcialidad como elemento cardinal del Estado constitucional de derechos y
justicia.
La imparcialidad es un elemento cardinal de la construcción y ejercicio de la jurisdicción
en el contexto del Estado constitucional de derechos y justicia. Es así que constituye la
piedra angular sobre la que se asienta toda la teoría que desarrollan las instituciones
jurídicas de orden procesal. Por tal razón, existen diversas normas que contienen seguros
para proteger dicha imparcialidad, como es el caso de las instituciones de la recusación y
la excusa (Corte Constitucional, 2015c).
f)Imparcialidad y excusa en el proceso penal
“Es así que las causales previstas en la ley para la excusa en determinado proceso no son
explicables, sino en tanto forman parte del aseguramiento de la garantía de imparcialidad;
más aún, en el ámbito penal, en el que la base del sistema acusatorio reside precisamente
en la separación de jueces y tribunales de toda actividad que pueda contaminar su juicio
13
respecto de la causa, por medio de una preconcepción respecto de la misma” (Corte
Constitucional, 2015c).
Como se puede observar, la imparcialidad se constituye en uno de los fundamentos esenciales
del Estado constitucional de derechos y justicia, debido a que no se puede concebir este sin la
existencia de jueces imparciales e independientes que velen por el respecto de los derechos de
los ciudadanos que acuden a la jurisdicción en virtud del derecho a la tutela judicial efectiva
previsto en la Constitución de la República.
Conclusiones
El principio de imparcialidad constituye una verdadera protección respecto de la garantía del
derecho a la defensa, sin el cual no se obtendría una decisión justa, apegada al derecho, debido a
que su vulneración se traduciría en violación plena del debido proceso, y más específicamente,
del derecho a la defensa.
Este principio está consagrado en diversas normas jurídicas tales como las referenciadas de la
Constitución de la República, el Código Orgánico de la Función Judicial, el Código Orgánico
Integral Penal, y normativa internacional, tales como: Declaración Universal de los Derecho
Humanos (1948), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966), la Convención
Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José (1969), la Convención Europea para la
Protección de Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (1950).
De igual forma, la Corte Nacional de Justicia y la Corte Constitucional del Ecuador se han
pronunciado en razón de la finalidad y alcance de este principio, que a su vez se constituye en
garantía del debido proceso y en contenido del derecho a la tutela judicial efectiva como derecho
de los ciudadanos constitucionalmente reconocido.
El principio de imparcialidad comprende el respeto al principio de igualdad pues conforme lo
expresado por diversos autores, no se pueden realizar distinciones arbitrarias dentro de un
proceso, pues el principio de igualdad procura garantizar que los litigantes dispongan de
igualdad de medios para la defensa, pero, además, iguales facultades y posibilidades dentro del
proceso.
El juzgador en todos los procesos a su cargo tiene que orientarse por el imperativo de
administrar justicia de conformidad con la Constitución de la República, los instrumentos
internacionales de derechos humanos, el Código Orgánico de la Función Judicial, el Código
Orgánico Integral Penal (COIP) y otros instrumentos normativos, respetando la igualdad ante la
Ley.
Los jueces deben respetar cabalmente este principio que constituye, a su vez, una garantía del
debido proceso y un derecho de los justiciables, bajo el imperativo de que, en caso de
incumplirlo, podrán ser destituidos y/o sancionados en caso de incurrir en parcialidades que
atenten contra el cometido para el cual están destinados por la función judicial, impartir justicia.
Referencias
14
Árias, A (1999). La abstención y recusación de jueces y magistrados. Edersa
Asamblea Nacional. (2014). Código Orgánico Integral Penal. Registro Oficial Nº 180 -- 10 de
febrero de 2014. Ecuador
Asamblea Nacional. (2009). Código Orgánico de la Función Judicial. Registro Oficial
Suplemento 544 de 09-mar.-2009. Ecuador
Asamblea Nacional Constituyente. (2008). Constitución de la República del Ecuador. Decreto
Legislativo 0. Registro Oficial 449 de 20-oct-2008. Ecuador
Ávila, R. (2015). Código Orgánico Integral Penal “Hacia su mejor comprensión y aplicación”.
Corporación Editorial Nacional.
Bastidas, R. (2004). Principialística Procesal Penal. Ediciones Doctrina y Ley.
Burneo, R. (2010). Derecho Constitucional Ecuatoriano. Volumen III. Corporación de Estudios
y Publicaciones. Quito. Ecuador.
Consejo de Europa. (1950). Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las
Libertades Fundamentales.
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_SPA.pdf
Corral, F. (2006). El debido proceso. En Diario El Comercio. Página A3.
Corte Constitucional. (2019). Sentencia: N° 9-17-CN/19 del 9 de Julio de 2019. MP: Dr. Ramiro
Ávila, Registro Oficial N° 1, 29 de Julio de 2019. Ecuador
Corte Constitucional. (2017). Sentencia: N° 357-16-SEP-CC, del 9 de noviembre de 2016. MP:
DR. Principales PTOS Patricia Tatiana Ordeñana Sierra, Registro Oficial N° 852, 24 de enero de
2017.
Corte Constitucional. (2016). Sentencia: N° 059-16-SEP-CC, del 2 de marzo de 2016. MP: DR.
Principales PML Pamela Martínez Loayza, Registro Oficial N° 767 Suplemento, 2 de junio de
2016.
Corte Constitucional. (2015a). Sentencia: N° 099-15-SEP-CC, del 31 de marzo de 2015. MP:
DR. Principales WPMA Wendy Piedad Molina Andrade, Registro Oficial N° 504 Suplemento,
20 de mayo de 2015.
Corte Constitucional. (2015b). Sentencia: N° 051-15-SEP-CC, del 25 de febrero de 2015. MP:
DR. Principales PTOS Patricia Tatiana Ordeñana Sierra, Registro Oficial N° 472 Suplemento, 2
de abril de 2015.
Corte Constitucional. (2015c). Sentencia: N° 009-15-SEP-CC, del 14 de enero de 2015. MP:
DR. Principales WPMA Wendy Piedad Molina Andrade, Registro Oficial N° 438 Suplemento,
13 de febrero de 2015.
15
Corte Nacional de Justicia. (2016). El Pleno de la Corte Nacional de Justicia, en sesión de fecha
28 de septiembre de 2016, en el incidente de competencia negativa n.º 09-2016-Pleno.
Couture, E. (2002). Fundamentos del derecho procesal civil. Editorial B de F.
Esparza, I. (1995). El principio del debido proceso. Bosch Editor, S.A.
García, R. (2014). Código Orgánico Integral Penal comentado. Latitud Cero Editores.
López, J. (2004). Tratado de Derecho Procesal Penal. Aranzadi. Navarra
Maier, J. (2004). Derecho Procesal Penal. Fundamentos. Tomo I. Editores del Puerto.
Organización de las Naciones Unidas. (1948). Declaración Universal de los Derecho Humanos
(1948).
https://www.humanium.org/es/ddhh-texto-completo/#
Organización de las Naciones Unidas. (1966). Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos.
http://www2.ohchr.org/spanish/law/ccpr.htm
Organización de los Estados Americanos. (1969). La Convención Americana sobre Derechos
Humanos o Pacto de San José. Recuperado de:
https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-
32_convencion_americana_sobre_derechos
_humanos.htm
Ossorio, M. (2012). Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales 1ª Edición
Electrónica. Concepto de Imparcialidad. Datascan, S.A.
Oyarte, R. (2014). Derecho Constitucional Ecuatoriano y comparado. Corporación de Estudios
y Publicaciones.
Real Academia Española. (2018). Diccionario de la Real Academia Española.
https://dle.rae.es/
Vaca, R. (2014). Derecho Procesal Penal Ecuatoriano. Tomo I. Editorial EDLE.
16
Copyright (c) 2021 Carlos Eduardo Durán Chávez y Carlos Daniel Henríquez Jiménez
Este texto está protegido bajo una licencia internacional
Creative Commons
4.0.
Usted es libre para Compartir—copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato —
y Adaptar el documento — remezclar, transformar y crear a partir del material—para cualquier
propósito, incluso para fines comerciales, siempre que cumpla las condiciones de Atribución.
Usted debe dar crédito a la obra original de manera adecuada, proporcionar un enlace a la
licencia, e indicar si se han realizado cambios. Puede hacerlo en cualquier forma razonable, pero
no de forma tal que sugiera que tiene el apoyo del licenciante o lo recibe por el uso que hace de
la obra.
Resumen de licencia
Texto completo de la licencia