Agenda 2030 admite y proclama: que cada país deberá hacerlo teniendo en cuenta su nivel de
desarrollo y sus particulares condiciones institucionales, legales y políticas, principio que se
denomina responsabilidades comunes pero diferenciadas. Se propone así que la planificación es
un acto político, una teoría y una disciplina para la creación de sentido (de pertenencia y de
futuro) y la gobernanza multiescalar, intersectorial y pluritemporal del desarrollo, la cual tiene
como unos de sus propósitos centrales contribuir a la construcción del desarrollo, entendido
como una idea colectiva del deber ser social, de lo que la humanidad en general y los distintos
grupos en los que ella se encuentra organizada pretenden para sí mismos como ideal y como
visión de futuro (Máttar y Cuervo, 2017, p.31).
Entonces, el ser humano tiene como centro el desarrollo, pues toda planificación no puede
avanzar sin tener un centro diferente, por lo que básicamente se comprende que los pilares
fundamentales en un plan de desarrollo serían la democracia, justicia, liberad e igualdad,
considerados como derechos universales de los seres humanos.
De esta manera se logra comprender mejor el camino en el que América Latina ha ido creando
instrumentos de implementación de política pública a través de los años, y en su mayoría los
países han definido como prioridad social la pobreza, salud, educación, nutrición, vivienda,
trabajo, y no menos importante la igualdad de género, aunque claramente se da mayor esfuerzo a
la superación de la pobreza. Dando como eje prioritario el tema del Estado y de la planificación.
Es por esto que los Planes Nacionales de Desarrollo deben expresar las visiones país y
prioridades gubernamentales y compromisos en un período de gobierno que buscan avanzar en la
solución de cada desafío adquirido.
Con base a la Agenda 2030, los países de América Latina se han encaminado en cierta forma,
puesto que saben hacia donde quieren llegar, pero se ha dificultado su implementación, es así
como Mattár y Cuervo (2017) menciona que: mientras algunos países se encuentran aún en la
fase de instalación entre los actores públicos directamente involucrados, otros han avanzado en
definir sus metas, indicadores y construir una línea base y otros ya planean estrategias dirigidas a
avanzar en la consecución de estos objetivos. Sin duda, una aspiración común que cada país debe
apropiar es tomar en cuenta sus diferentes realidades, capacidades y niveles de desarrollo;
respetando las políticas y prioridades nacionales de cada país (p.64).
En el caso del Ecuador se aborda visiblemente la experiencia de la Estrategia Territorial
Nacional, concebida como la herramienta de ordenamiento territorial del Plan Nacional para el
Buen Vivir 2013-2017. A través de la Estrategia Territorial Nacional se orienta la
implementación de las políticas públicas en el territorio y se asegura su pertinencia, en esta
iniciativa se identifican desafíos relativos a los niveles del Gobierno y de otros actores que
actúan en el territorio, es así como según Mattár y Cuervo (2017) afirman que:
En los últimos años y bajo el liderazgo de la Secretaría Nacional (2017) de Planificación y
Desarrollo - SENPLADES, se instaló la idea de construir una visión de desarrollo hacia 2035. Y
así nace el Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017, el cual afirma la necesidad de que la
visión y la acción se acompañen: planear las acciones sin tener una visión termina siendo
improvisar; la visión, en ausencia de acciones planificadas, no es más que un sueño. Se entiende