suelos cultivables, perdida de grandes extensiones de bosques, perdida de tierras de
pastoreo de ganado, impactando de forma decisiva en el Producto Interno Bruto (PIB)
del país, ocasionando su disminución, que a su vez desencadena una serie de efectos que
causan sobresalto en la sociedad (Villavicencio Silva, 2019).
En los últimos años, las áreas agrestes de la provincia de Tungurahua se han visto
mermadas como efecto de la presencia de incendios forestales, de acuerdo a los datos
oficiales, las perdidas bordean las ochocientas hectáreas de bosques y tierras de cultivo.
Con el propósito de frenar estos hechos, el legislador ha considerado pertinente integrar
a la legislación penal ecuatoriana sanciones para quienes ocasionen este tipo de
desastres, así, el artículo 246 del Código Orgánico Integral Penal (Asamblea Nacional
del Ecuador, 2014), sanciona con privación de la libertad a la persona que por cuenta
propia o por intermedio de otra ocasione incendios en las áreas verdes protegidas en el
territorio del Ecuador (Gestión de Riesgos y Emergencias, 2018, citado en Paredes &
Sánchez, 2020, p.3).
A lo largo de la historia de la humanidad ésta ha tenido que enfrentar un sinnúmero de
eventos adversos o desastres (inundaciones, erupciones volcánicas, incendios, sismos,
etc.), sin lugar a duda, cada uno de estos eventos han ocasionado daño y destrucción en
el ambiente y sus ecosistemas y, por ende, a las condiciones de vida del ser humano.
Actualmente, y de acuerdo a lo prescrito en la Constitución de la República del Ecuador
(2008), a nivel interno, el Estado ecuatoriano considera como políticas de gestión de
riesgo los derechos y protección de la naturaleza, la participación y seguridad de la
población, buscando como medida prioritaria fortalecer en la ciudadanía y en las
entidades públicas y privadas capacidades para identificar los riesgos inherentes a sus
respectivos ámbitos de acción, informar sobre ellos, e incorporar acciones tendientes a
reducirlos.
El Estado, a través de las instituciones públicas que lo integran han dispuesto en la parte
de su contingente económico, material, logístico, humano; para la toma de las mejores
decisiones, la formulación y expedición de planes, políticas y programas, que vengan a
disminuir las probabilidades de ocurrencia de desastres, y; en caso inevitable mitigar sus
consecuencias negativas. Esto implica desarrollar procesos de planificación
colaborativos y participativos con actores gubernamentales y sociales, con el propósito
de prevenir o responder mejor, según sea el caso a una situación de emergencia o
desastre.
De lo dicho, previa a la ocurrencia y en el supuesto una vez producido un evento
adverso se activan operativos de emergencia a través de la participación de organismos
técnicos constituidos y adscritos al servicio integrado de seguridad como el Comité de
Operaciones de Emergencia (COE), ECU 911, la Secretaría de Gestión de Riesgos,
Cuerpo de bomberos, Policía Nacional y la Dirección de Tránsito.
Conforme con el Proyecto de Ley del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de
Riesgos (2013) y el principio de descentralización, la gestión de riesgos corresponde a
cada Gobierno autónomo descentralizado (GAD) dentro del ámbito de sus
competencias, de ahí la conformación de los Centros de Operaciones de Emergencia
con jurisdicción cantonal y parroquial en estrecha relación con el COE nacional,
organismos que tienen a su cargo planificar y gestionar los planes, proyectos y